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El Boalo lleva a Anticorrupción la gestión del anterior equipo, del PP

El Pais - Esther Sánchez, Madrid 3 MAR 2014 - 20:43 CET

El equipo de gobierno de El Boalo-Cerceda y Matalpino —un cuatripartito formado por PSOE, IU y dos grupos independientes— presentó el viernes pasado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si existieron irregularidades en la gestión del anterior equipo de gobierno, del PP. La acusación se basa en las conclusiones de un informe de auditoría encargado por el Ayuntamiento sobre la gestión municipal entre los años 2006 y 2011, cuando gobernaban los populares.

El documento concluye que la generalidad de los expedientes que han investigado “está afectado por deficiencias e irregularidades que no sería exagerado calificar de graves y muy graves”. Sin olvidar, continúan los auditores, que no se ha obtenido constancia documental alguna de un alto porcentaje de ellos, alrededor de un 30%.

La investigación revela acumulación de contratos en las mismas empresas

Por este motivo, los inspectores interpretan que “no parece posible” achacar la situación a errores en la gestión, sino que “podría percibirse una forma de proceder voluntariamente irregular”. Las anomalías detectadas podrían incurrir en responsabilidad penal y ser constitutivas de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documentos públicos e infidelidad en su custodia. Al mismo tiempo, los auditores advierten de que el documento elaborado es únicamente “orientativo”.

Alfonso Baeza, concejal de Seguridad y Obras, explica que decidieron encargar la auditoría para determinar a qué se debía la deuda de ocho millones que se encontraron. “Decidimos ir a la Fiscalía por la gravedad de los hechos y debido a que, si existiera algún delito, podría prescribir”, explica.

Los fiscalizadores han estudiado 20 actuaciones entre 2006 y 2011

Los auditores han estudiado un total de 20 expedientes, entre ellos, la construcción de tres centros socioculturales. Todos sufrieron modificados que aumentaron su coste. En el edificio de El Boalo, los auditores han detectado una acumulación de contratos en las mismas empresas y expedientes irregulares. Sostienen que la financiación es insuficiente y que no hay evidencia de la existencia de facturas. Tampoco les consta que se haya realizado la venta de las parcelas con las que se pretendía financiar la obra. Por otra parte, destacan que “no parece buena práctica” que los dos arquitectos municipales y el arquitecto técnico municipal, que llevaban la dirección facultativa de la obra, decidieran sobre la necesidad de elaborar un proyecto modificado, que también redactaron.

El informe no especifica la cantidad que el municipio ha pagado por las diferentes actuaciones investigadas. El concejal de Seguridad explica que los modificados fueron muy importantes. “La construcción del centro cultural de Cerceda fue adjudicada por 1,8 millones en 2005, y sufrió un incremento del 42%. En cuanto al de Matalpino, contratado por 1,5 millones, acabó aumentando un 34,99%”, especifica.

En cuanto a las adjudicaciones y contratos con Arnaiz Consultores, S.L., los auditores señalan que se podría haber producido un fraccionamiento de los contratos, de tal forma que se adjudicaron mediante la vía del contrato menor. “Este fenómeno parece especialmente agudo”, concretan en los servicios prestados en la construcción de los tres edificios socioculturales.

El informe también se detiene en la cesión de terrenos a la Iglesia Católica para la parroquia de Cerceda. En este caso, indica que se permutan solares y edificaciones “incumpliendo trámites sustantivos del procedimiento con exoneración de tributos sin apoyo legal”.

Carmen Díaz, exalcaldesa del municipio y ahora edil del PP en la oposición, manifiesta que “su grupo no tiene ninguna constancia de la denuncia presentada por el equipo de gobierno”. En cuanto a la auditoría, asegura que “desconoce casi todo”. “El equipo de gobierno introdujo una moción de urgencia en el último pleno para dar cuenta del informe, pero a nosotros no se nos facilitó ninguna copia”, explica. Díaz está convencida de que la denuncia obedece a motivos políticos debido a la inestabilidad del equipo municipal. Un concejal de uno de los grupos independientes ha abandonado la formación, por lo que el PP está “sacando adelante propuestas con su voto”, aclara.

 Papeles desaparecidos

Los auditores contratados por el equipo de gobierno se han encontrado con un importante escollo: “La ausencia total de documentación administrativa en una gran parte de los expedientes sujetos a revisión”. Una situación que “podría permitir pensar en la posibilidad de que se haya incurrido” en el delito de falsedad en documentos públicos y oficiales e infidelidad en su custodia, argumentan.

Se refieren en concreto a la adjudicación de las obras del punto de información cultural de El Boalo, en el que faltan, por ejemplo, los pliegos y el proyecto de obra, entre otra documentación. Tampoco se les ha facilitado toda la documentación en cuanto a la adjudicación del proyecto modificado de dos calles de Cerceda, del tanatorio de Matalpino y del cementerio de Cerceda.

En estos casos, los auditores se han encontrado con que las notificaciones de los acuerdos contienen menciones a documentación relativa a la contratación de la que no consta su existencia.

 

denuncia

 

DENUNCIA_ANTE_FISCALIA_ANTICORRUPCION_1

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/1-37smallpdf.com.pdf

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/38-84smallpdf.com.pdf

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/85-93.pdf

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/94-125smallpdf.com.pdf

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/126-147smallpdf.com.pdf

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/images/Docs_web/auditoria/148-182smallpdf.com.pdf

 

Plantea la creación de una comisión de estudio sobre los efectos sociales de la crisis en la Asamblea de Madrid.

Eddy5

Reclama actuar en 5 ejes: renta social, suficiencia alimentaria, suficiencia energética y acceso al agua, acceso a la vivienda, y acceso a la movilidad. Se financiaría restaurando el impuesto de sucesiones y donaciones a los 64.000 grandes patrimonios de nuestra Comunidad.

 El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, ha reclamado hoy al Gobierno regional que “salga de su parálisis, aborde un verdadero compromiso de lucha contra la exclusión social y abandone su política de recortes que sólo ahondan las desigualdades”.

 En este sentido, ha recordado que “pese a que en nuestra comunidad viven más de 266.000 personas que no cobran ninguna prestación por desempleo y el 32% de las familias tienen a todos o a la mitad de sus miembros en paro; el gobierno no ha tomado ni una medida extraordinaria”.

 Además, ha denunciado que “la subida de los precios en la Comunidad, junto a la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lleva a miles de familias a situaciones dramáticas”.

 

RESPUESTA DE GONZÁLEZ A CARTAS DE SÁNCHEZ

Tanto en junio como en diciembre, Eddy Sánchez envió sendas cartas a Ignacio González reclamando actuaciones de la Comunidad contra la malnutrición infantil y la pobreza energética. El pasado 9 de enero, González respondía en una misiva a Sánchez que “le traslado igualmente el compromiso de la Comunidad de Madrid de trabajar con los grupos políticos y las organizaciones sociales para garantizar las necesidades básicas a los ciudadanos de nuestra región”.

Sánchez, tomando la palabra al Presidente regional, ha lanzado hoy la siguiente propuesta:

En el ámbito institucional, Sánchez ha anunciado que “IU va a plantear en la Asamblea de Madrid la constitución de una comisión de estudio sobre los efectos sociales de la crisis en nuestra región, que emita un dictamen, y actuaciones inmediatas”.

Igualmente, ha explicado que “vamos a proponer a organizaciones sociales, sindicales y políticas un 'Compromiso contra la exclusión social' que desde nuestro punto de vista debe abordar cinco ejes de actuación”.

El primer eje sobre el que Sánchez ha propuesto trabajar es una 'Renta Social' a la que “podrán tener acceso todas aquellas personas que acrediten unos ingresos económicos inferiores al SMI”.

El segundo eje, es la suficiencia alimentaria, especialmente en el caso de los menores, “la Comunidad de Madrid tiene la competencia y la responsabilidad de las políticas sociales de la lucha contra el hambre y la pobreza, y tiene que ser, por tanto, la garante del derecho a la alimentación en toda la región”.

El tercer eje, es la suficiencia energética y el acceso al agua, “todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no solo son insuficientes sino que a menudo establecen requisitos que provocan que quienes más lo necesitas se queden fuera, todo ello en un contexto en el que los costes de los suministros domésticos básicos no hacen más que incrementarse”. Así, ha recordado que “según los cálculos elaborados por Cruz Roja en los últimos dos años el gas ha subido un 22%, la bombona de butano un 23%, la luz un 34% y el agua el 8,5%”.

El acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social y suspensión de desahucios de viviendas de titularidad o gestión pública, constituye el cuarto eje planteado por el dirigente de IU, quien ha reclamado “un papel más activo del IVIMA, especialmente cuando se trate de la vivienda habitual y cuando el deudor se encuentre en situación de insolvencia económica sobrevenida”.

Por último, el Compromiso planteado por Sánchez a la sociedad, incorpora el acceso a la movilidad, “reclamamos la creación de un nuevo Abono-Transporte Social de Movilidad para todas aquellas personas en situación de necesidad”.

Sánchez ha cuantificado “esta propuesta en 2.618,6 millones”. “Equivale a la restitución del impuesto de sucesiones y donaciones, que apenas afectaría, según datos de la Consejería de Hacienda de este año, a 64.000 grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid”.

“Reclamamos a González que deje de gobernar para una minoría y hacerlo para la mayoría”, ha concluido.

 

El equipo de gobierno justifica la cifra de 945 millones al incluir partidas tales como juventud, voluntariado o mantenimiento de colegios.

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María Prado de la Mata califica de “interesada fabulación de la realidad” que el Área presuma de tener “los Servicios Sociales más potentes de todos los Ayuntamientos” con recortes en ayuda a domicilio, listas de espera de más de un año, copago en teleasistencia o ratios muy por debajo de lo que marca el Plan Gerontológico Nacional.

Cuando se habla de servicios sociales casi todo el mundo sabe de qué se habla. El equipo de gobierno de Ana Botella es la excepción. No por desconocimiento sino por su afán de tergiversar los datos con el ánimo de confundir. En su balance de los años 2012-2013 la alcaldesa aseguraba que en ese periodo se habían destinado a Servicios Sociales un total de 945 millones de euros. Como al Grupo Municipal de IU no le salían las cuentas en la Comisión Informativa de hoy ha pedido que se le explicaran.

De ello se ha encargado el coordinador general del departamento, Carlos Martínez Serrano, quien, como era previsible, ha venido a decir que se considera un servicio social todo aquello que sirva para encontrar una cifra lustrosa que ocupe un buen titular de prensa. De hecho admite que entre las partidas que se contabilizan están, por ejemplo, las de juventud, voluntariado o las que se asignan para el mantenimiento de colegios.

La portavoz de IU en esta materia, María Prado de la Mata, expuso las suyas, es decir, aquellas que se ciñen a lo que se entiende por Servicios Sociales. De esta manera recordó que en 2012 el presupuesto fue de 232 millones y que en 2013 se redujo a los 203 millones. “Si sumamos a esta cifra los recursos de las Juntas tendremos 136 millones por año y si a esto sumamos cinco millones de ayudas de emergencia social obtendremos en total 717 millones de euros; lejos de lo dicho por Botella”. Por si fuera poco, a esta cifra hay que restarle 140 millones que en esos dos años aportó la Comunidad de Madrid y 18 millones más en minoraciones presupuestarias posteriores. Es decir, casi 400 millones menos de lo que se aseguró ante los medios de comunicación.

“En resumen, concluyó De la Mata, que sólo desde una interesada fabulación de la realidad se puede presumir de tener los servicios sociales más potentes de todos los ayuntamientos españoles, como con modestia los ha definido el coordinador, cuando se recorta en ayuda a domicilio y otros programas, se establece el copago en la teleasistencia y no se cumplen los ratios marcados por el Plan Gerontológico Nacional; esa es la realidad por muchos balances que interprete de forma más que libre la alcaldesa de la ciudad”.

 
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