El Gobierno entierra la Ley de Transparencia

La norma no forma parte del calendario legislativo del Ejecutivo. España es uno de los cinco países de la UE que no regulan este derecho ciudadano

ELENA HERRERA MADRID 17/01/2011 PUBLICO

Que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos ya no es una prioridad para el Gobierno. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no verá la luz en esta legislatura, según admiten fuentes de la Moncloa. Y ello a pesar de que en diciembre de 2009, tras la presión de varias ONG, el Ejecutivo anunció la próxima aprobación de la norma.

Tras el parón del pasado verano, estaba previsto que el Gobierno aprobara el anteproyecto de esta ley en su primera reunión después de las vacaciones. Pero ni siquiera se llegó a debatir en el Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de la Presidencia aseguran que, en aquel momento, "se decidió darle otra vuelta, se pensó que se podía mejorar". Pero todo quedó ahí.

En Presidencia aseguran que el borrador sigue debatiéndose.

 

 

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Creemos en la urgente necesidad de tener una gestión alternativa para atender las necesidades de quienes habitamos nuestra localidad, que permita mejorar nuestras posibilidades actuales.
Alternativa, que dé oportunidad a decidir a través de consejos de participación ciudadana, haciendo más accesibles los recursos públicos y priorizando lo que la mayoría considere que más urge resolver para mejorar la calidad de vida en la localidad.

Estamos convencidos que podemos cumplir nuestro programa electoral abriéndolo a la participación de quienes deseéis aportar ideas para su elaboración. De ahí nuestro lema "Contigo lo haremos", que pretendemos sea una realidad, que podéis comenzar a poner en práctica proponiendo ideas, opiniones o sugerencias: contactad para tener una participación más activa.

El próximo proceso electoral, que viviremos y termina el 22 de mayo, es la oportunidad para cambiar a las personas que nos representarán los próximos cuatro años en la tarea de gestionar el patrimonio común. Nuestra pretensión es hacerlo con vocación de servicio a la ciudadanía, lo que en la actualidad echamos de menos, y que, es la razón fundamental por la que nos hemos embarcado en ello.

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